Treinta y cinco organizaciones en todo el noroeste del Pacífico publicaron una sesión informativa para inversores que detalla los principales riesgos de seguridad pública, climáticos, regulatorios y económicos del proyecto Jordan Cove LNG, un gasoducto fracturado y una terminal de exportación que la corporación canadiense de combustibles fósiles Pembina propone construir sobre el costa sur de Oregon. 

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El informe, titulado "Jordan Cove es un negocio arriesgado", destaca los posibles impactos negativos y la intensa oposición de la comunidad que debería alejar a los bancos de una mayor participación en este proyecto. 

El informe se envió a los principales banqueros de Pembina Pipeline Corporation, incluidos RBC, Bank of Nova Scotia, CIBC, TD y JPMorgan Chase, además de los posibles inversores del proyecto. 

El informe señala que a medida que evolucionan los mercados energéticos mundiales, la terminal de exportación de GNL de Jordan Cove parece cada vez más en riesgo de convertirse en un activo inmovilizado. Un mercado global ajustado y competitivo y un exceso de GNL, junto con el aumento de los modelos de “cartera” a corto plazo, hacen que la rentabilidad de Jordan Cove sea una posibilidad remota.

Además, el Investor Briefing describe los obstáculos normativos a los que se enfrenta actualmente el proyecto. Esto incluye la reciente denegación del permiso de la Ley de Agua Limpia del Departamento de Calidad Ambiental de Oregon, las denegaciones anteriores de la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC) y los permisos de uso de la tierra locales que han sido anulados en los tribunales. 

Jordan Cove LNG se ha enfrentado a una fuerte y creciente oposición desde 2005. Se presentaron un total de casi 90.000 comentarios en oposición a dos solicitudes de permisos estatales recientes. Las tribus Klamath, la tribu Yurok, la tribu Karuk, las tribus confederadas de indios Siletz y la nación Tolowa Dee-Ni han declarado una fuerte oposición al proyecto propuesto. Según el informe, hasta el 26 de abril de 2019, aproximadamente 40% de propietarios en la ruta del oleoducto se han negado a firmar servidumbres de derecho de paso y docenas de propietarios afectados han negado el acceso a una variedad de estudios necesarios para que el proyecto avance. .

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